Editorial del periódico haitiano, lenouvelliste.com –

El país sigue conmocionado tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Sin embargo, la batalla por su sucesión al poder ya está en marcha. Si el Primer Ministro ai Claude Joseph asegura la continuidad del Estado, nada garantiza que podrá apaciguar la situación. Su autoridad también es impugnada por el primer ministro llamado Ariel Henry y la clase política. Así, la crisis está lejos de conocer un desenlace feliz luego del dramático evento del 6 al 7 de julio en curso.

La batalla por la sucesión de Jovenel Moïse es el resultado del vacío institucional dejado por el exjefe de Estado que se fusionó con el Estado. Ninguno de los tres poderes del estado es capaz de ofrecer una solución viable a la crisis política que azota al país. Con 10 senadores en el cargo y la ausencia de la Cámara de Diputados, el poder legislativo no está en condiciones de desempeñar su papel. Con un Tribunal de Casación huérfano por su presidente, barrido por el Covid-19 y la ausencia de tres de sus miembros retirados por el expresidente Jovenel Moïse, el poder judicial es incapaz de pronunciar la palabra de la ley para evitar que el país se hunda aún más. en la crisis. A esto hay que agregar que el Consejo Superior del Poder Judicial,

Si los poderes legislativo y judicial no están en condiciones de desempeñar su papel con miras a una salida favorable de la crisis, ¿qué se debe esperar del poder ejecutivo? Con dos primeros ministros compitiendo por el poder, el poder ejecutivo es más un problema que una solución.

Aparte del fracaso de los poderes estatales, ninguna organización de la sociedad civil goza de la suficiente credibilidad o autoridad para obligar a los actores a sentarse alrededor de una mesa para llegar a un consenso sobre la gobernanza del país en esta complicada situación. La tarea es tanto más difícil cuando sabemos que la clase política está formada por una multitud de partidos, cada uno de los cuales tiene una propuesta para salir de la crisis.

Ante tal panorama, es evidente que el país se encuentra en una encrucijada. Aparte de la negativa o la incapacidad de los haitianos de encontrar un consenso para liderar el país, el campo es libre para que la comunidad internacional imponga su solución. Una apuesta arriesgada cuando hacemos balance de las intervenciones extranjeras en Haití desde el golpe de 1991.

El asesinato de Jovenel es lamentable y condenable. Pero podría constituir un detonante en la resolución de la crisis sociopolítica. Dependerá de la elección de las autoridades haitianas de no reproducir los errores del pasado. No hay nada que demuestre que estemos en este camino.

Además, la primera reacción de las autoridades tras el asesinato de Jovenel Moïse fue pedir a Estados Unidos que enviara tropas a suelo nacional. Aún no se ha tomado ninguna iniciativa para acercarse a los actores locales con miras a una solución interhaitiana a la crisis. Todavía es temprano para que quienes mueven los hilos prevalezcan por una vez el interés colectivo sobre los intereses de la capilla.