La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, dijo que sin recursos la lucha contra la corrupción no podrá ser exitosa, porque al exiguo presupuesto del Ministerio Público se suman deudas millonarias y nómina supernumeraria dejadas por pasadas administraciones; bajas recaudaciones por servicios y reclamos de personas desvinculadas de la institución.

Dijo que la deuda de RD$2,400 millones encontrada al asumir el cargo la ha obligado a incurrir en otras para poder ir haciéndole frente a asuntos apremiantes.

Explicó que el trabajo que ha realizado en la PGR ha significado un gran esfuerzo de los departamentos encargados de la persecución de la corrupción, los cuales dijo, tienen una asignación extra para cubrir esas operaciones.

Sin embargo, dijo que esa asignación es muy limitada y ella no puede incrementarla “porque el que multiplicaba panes y peces era Jesús, no yo”, acotó.

Informó que en la actualidad manejan alrededor de 500 casos de denuncias y querellas por corrupción, e indicó que más de la mitad son expedientes viejos “que encontramos arrumbados en la PEPCA donde nunca se les dio salida”, no se sabe por orden de quién.

Refirió que con el “boom” de denuncias de los últimos tiempos, las investigaciones que eso conlleva, y el proceso para la judicialización de casos, el trabajo en la PGR se ha incrementado mucho, y se necesita la contratación de personal especializado como son contadores forenses, tasadores y muchísimos otros instrumentos.

Explicó que ese personal especializado es muy necesario porque, “sin menoscabo del reclamo de la gente, hay que buscar un equilibrio entre ese reclamo y la necesidad de instrumentar un proceso correctamente, de manera que si llega al fondo, no se caiga”.

De ocurrir eso, sería un desperdicio todo el esfuerzo que se está haciendo “y también ofende la esperanza de la gente que reclama, que muchas veces el reclamo es fundado, y que no obedece necesariamente a una pasión ni a una retaliación”, dijo en su forma pausada y determinante de hablar Germán Brito.

Manifestó que lo que ella ha pretendido siempre es que cuando se instrumente un expediente tenga lo necesario para justificar una decisión en favor de los intereses del MP, “porque no podemos olvidarnos de principios elementales, como por ejemplo, que una persona se presume inocente hasta tanto no haya una sentencia condenatoria”.

Refirió que siendo jueza de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) vio un expediente de una persona que ahora es senadora “en el que había cosas horribles que incluso te hacía presumir mala fe, como pedir una certificación en una jurisdicción que no era de ella ni de la Suprema, y alterando el nombre con relación a sus bienes .

“Cuando ese individuo salió bien librado, sacudiéndose el polvo, porque parece que el procurador de entonces recibió instrucciones de no recurrir en casación, en vez de decir pura y simplemente que no iba a recurrir en casación, lo que dijo que fue que los jueces no le merecían confianza, pero se le olvidó los errores procesales que él acumuló”.