Por  Rafael Chaljub Mejía

La creación del fideicomiso para administrar la termoeléctrica de Punta Catalina, ha sido el acto de gobierno más controversial, más conflictivo y que mayor rechazo ha recibido en el año y medio de gestión del presidente Luis Abinader. Por el hecho en sí mismo y por la confusión tan grande que ha rodeado este delicado asunto.

Por más que algunos funcionarios traten de persuadir de la pretendida conveniencia de esta concesión, todo aparece como la entrega de un valioso bien público a manos de grandes capitalistas privados, que devengarán los beneficios durante treinta años largos, aunque Punta Catalina mantenga su carácter de propiedad estatal.

Vendrán las consecuencias políticas y el primero en sufrirlas será el gobierno. El grueso de las fuerzas democráticas y progresistas votó por el candidato Abinader, por rechazo al continuismo peledeísta, porque en su programa el candidato Abinader anunciaba cambios políticos e institucionales importantes y porque en momentos en que la corrupción amenazaba con precipitar el país hacia la bancarrota moral irreparable, ese candidato surgió como una esperanza de ponerle freno a esa amenaza.

Esas voluntades progresistas han respaldado toda medida saludable del gobierno, pero ahora, lo de Punta Catalina coloca al propio gobierno frente al rechazo de los portadores de esas voluntades que tan valioso aporte hicieron para el cambio. Ninguna voz surgida de las entidades que estuvieron tan presentes en la Marcha Verde, ni en la Coalición Democrática ha salido a respaldar la cuestionada transacción que se debate actualmente. Ni qué decir de las organizaciones sociales y populares, ni de los voceros de opinión más reconocidos por su militancia en la causa del cambio.

Cabe repetirlo: Para mantener la cohesión de la heterogénea base política y social del gobierno, el presidente ha debido jugar al equilibrio. Pero ahora el equilibrio se rompe y la balanza se inclina en forma privilegiada hacia los intereses del gran capital.
Eso tendrá un costo que puede ser muy alto para cualquier político en el poder. Porque perderá base en el pueblo llano y en los sectores medios de la sociedad, cuya importancia no puede menospreciarse, porque ellos constituyen la mayoría de la población.

Ojalá el presidente, que en otras ocasiones ha sabido tomar el pulso de la situación, escuche opiniones divergentes, y se detenga, actúe de nuevo en el mejor sentido, le evite al país las consecuencias de este mal negocio y se evite a sí mismo el costo político que se expone a pagar por ello.