Frente a la expulsión de nueve diplomáticos cubanos ordenada por República Dominicana, el gobierno de La Habana calificó la medida de «injustificada» y la atribuyó a la subordinación de Santo Domingo ante presiones de Estados Unidos. Mientras el gobierno dominicano manejó la decisión bajo la figura de persona non grata y sin dar explicaciones públicas, la diplomacia cubana defendió la conducta de sus funcionarios e intentó desvincular al pueblo dominicano de las acciones de su gobierno, en un contexto marcado por el creciente aislamiento regional de la isla.